“La
espada de Damocles”. Represión y violencia en la independencia.[1]
Joaquín Espinosa Aguirre.
En
su artículo Espinosa Aguirre hace un análisis sobre el movimiento armado de
1810 en la Nueva España y aclara que este superó con mucho al gobierno ya que,
al paso del tiempo, las acciones de los insurgentes adoptaron como propia la
defensa de España que había sido invadida por Francia. Esta es una de las
razones por las que el gobierno virreinal no tuvo la posibilidad de justificar
sus terribles actos represivos en contra de los grupos insurgentes. Sin
embargo, el virrey Francisco Xavier Venegas acusó a los independistas de estar
coludidos con Napoleón por esta razón estos últimos fueron amenazados con la
excomunión y otros castigos.
Así
bajo esas circunstancias el gobierno recurrió a la represión violenta de
cualquier manifestación en su contra.
Espinosa
Aguirre escribe que los virreyes Venegas, Calleja y Ruiz de Apodaca tomaron
decisiones represivas que se volvieron en su contra, un ejemplo de ello es el
gran otorgamiento de decisiones que hizo Venegas a los militares para detener a
los insurgentes y del que se valieron aquellos para tomar en sus manos
cualquier disposición tanto de nombrar autoridades, impartición de justicia,
administración de los impuestos recabados, etc.
Avanzando
en la lectura los castigos corporales de los que se valió el gobierno virreinal
para la represión se podían dividir en tres: los físicos y sicológicos,
aquellos que recaían sobre la moral y dignidad, por último, los pecuniarios dirigidos
a los bienes materiales. Por supuesto, que los castigos corporales también eran
utilizados para obtener información y eran aceptados desde 1768 por la
expedición de la Ordenanza Militar de
este año. En un primer momento los castigos corporales fueron encaminados a los
supuestos emisarios de Napoleón para torturarlos y delataran a sus contactos
con esta medida se buscaba que el pueblo llano no cayera en la tentación de
unirse al movimiento insurgente.
Otras
formas de represión fueron las sospechas y acusaciones estas llegaron hasta el
clero que fue también violentamente reprimido, al mismo tiempo se prohibieron
las reuniones de seis o más personas. También se recurrió a despojar de las
armas y a quienes no las entregaran voluntariamente
se les aplicarían diversas sanciones, aún algunos aperos de labranza fueron
considerados como instrumentos de violencia.
Por
último, el gobierno virreinal recurrió a lo que Espinosa Aguirre llama “La
Falsa clemencia” consistente en otorgar el perdón a todo aquel que se acogiera
a este bando emitido por el virrey Calleja pero todo aquel que no lo hiciera y
se reuniera con fines de sedición y en contra del gobierno se le aplicaría la
pena capital sin distinción de personas.
A
manera de conclusión el objetivo final del gobierno virreinal era acabar con
cualquier oposición sin importar si había o no culpabilidad de los acusados.
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